Mucho se ha escrito sobre que, más que la emergencia sanitaria, lo que golpeará más fuerte a nuestras empresas y a sus colaboradores es la crisis económica mundial y de nuestro país. Ahora, ante la emergencia sanitaria se ha pedido detener todas las actividades no esenciales, sin la claridad de qué actividades son o no son esenciales; medida que ha generado confusiones, incluso con Ley Seca en diversos estados y municipios del país.

Asimismo, se ha declarado emergencia sanitaria, con ambigüedades que generan dudas sobre todo en lo laboral. Ambigüedad que afecta a empresarios, empleados y hasta a los tribunales laborales. En fin, señales jurídico-normativas contradictorias que atentan contra la subsistencia de las empresas y en consecuencia, del tan necesario empleo. Irremediablemente, los males que ocurran a las empresas se trasladarán también a sus empleados, sin duda.

En este ambiente lleno de confusiones, lo cierto es que la actividad económica en diversos sectores se ha tenido que detener, para prevenir contagios acelerados y “aplanar la curva”. No obstante la intención humanitaria de salud que estas medidas conllevan, en ocasiones, en mi opinión, se ha detenido la actividad económica innecesariamente. La actividad en diversos giros, sobre todo de servicios, no tendría que detenerse casi al 100% si una organización sabe planear y organizarse, para continuar trabajando desde casa. Incluso dependencias y entidades gubernamentales no tendrían que detenerse al 100% por una falta de planeación y uso de tecnologías disponibles desde hace ya varios años. ¿Cuántos de nosotros hemos estado haciendo “home-office” y descubrimos que en diversos aspectos somos más productivos, más eficientes? Entonces, ¿cuántas organizaciones, públicas y privadas podrían continuar con sus labores en forma disminuida si así se quiere, pero no detenerlas?

El hecho es, que la actividad se está deteniendo. El país se está parando y en consecuencia, va a disminuir lo que se conoce como la demanda agregada, esto es el gasto acumulado de todos nosotros cuando compramos diversos bienes y servicios. Una disminución del gasto que, del otro lado de la moneda, es una reducción de ventas y de ingresos para las empresas con la consecuente pérdida de empleos y una baja generalizada de la actividad económica del país.

En este contexto, las empresas están en una encrucijada de decisiones ante una situación financiera frágil: Ventas detenidas frente a nóminas e impuestos que pagar. Más del 90% de las empresas en México somos MIPYMES, con un promedio de 5 trabajadores por empresa. Para el caso de aquellas empresas con deuda bancaria, ya la banca ha ofrecido alternativas por tipo de empresa, aunque se debe tener cuidado de los costos financieros asociados a estas propuestas.

Entonces hoy el empresario en México se enfrenta a decisiones que pueden ser de vida o muerte para su empresa; decisiones de tipo financiero, de tipo fiscal y de tipo laboral. Estrategias que cada empresa está estudiando, dependiendo de su situación particular. Análisis que, como siempre, se entremezcla con el análisis (formal o informal) de riesgos asociados, así como con el estilo personal de administrar de cada empresario, con su experiencia y con sus valores.

Las empresas estamos en encrucijadas porque el ambiente nos ha llevado a que el cumplimiento normativo (compliance) en los ámbitos fiscal y laboral pueda ser cuestionable; la falta de claridad y de liderazgo por parte del gobierno en la aplicación de políticas de apoyo fiscal para la conservación de la planta laboral ha llevado a muchos empresarios a pensar y a muchos otros a expresar públicamente la opción del no pago de impuestos. En lo referente al ámbito laboral, la autoridad ha abierto la puerta a que cada uno negocie y llegue a acuerdos, claro ha abierto la puerta de manera informal y ambigua, no necesariamente en forma legal, y siempre con la amenaza de auditorías, ahora o en un futuro.

Otra alternativa, que pocas empresas conocen o quieren analizar es el concurso mercantil. Como ya lo hemos analizado en otras secciones, es una figura jurídica que busca: preservar la fuente de empleo (la empresa), proteger a los empleados y proteger a los acreedores. Teóricamente puede ser una figura útil para muchas empresas, que posiblemente recurran a ella en los próximos meses por venir, al encontrarse en situación de quiebra por insolvencia de pago de sus obligaciones laborales, financieras, fiscales y de pago a sus acreedores.

Todos tenemos frente a nosotros decisiones que tomar para nuestras empresas, para nuestros equipos de trabajo, para con nuestros clientes y para con nuestros proveedores. Adicionalmente, muchos tenemos frente a nosotros la necesidad de trabajar diferente, desde casa, necesidad que, si la aprendemos, es una buena opción para reducir costos de viajes, costos de rentas y a la vez incrementar la velocidad en las negociaciones y en los acuerdos y aumentar la eficiencia en los equipos de trabajo. En resumen, es tiempo de tener la mente abierta y tomar decisiones ágiles e informadas.