A la mayoría nos suena como algo “lejano” o “complicado” y en ocasiones hasta “riesgoso”. Con frecuencia escuchamos y leemos notas periodísticas sobre diversas irregularidades de las contrataciones gubernamentales y lo último que queremos es vernos involucrados en este tipo de hechos.
Por otro lado, a cualquiera nos gustaría aumentar nuestras ventas en forma significativa, ya sea por algún proyecto puntual o por ventas recurrentes al Gobierno, que por definición es el mayor comprador de un país.
Entonces, ¿conviene analizar la conveniencia de intentar convertirnos en proveedores del Gobierno Mexicano o mejor lo descalificamos de entrada?
Adicionalmente a lo anteriormente planteado, estas contrataciones siempre tienen una connotación política. Reiteramos entonces, ¿conviene analizar la conveniencia de intentar convertirnos en proveedores del Gobierno Mexicano o mejor lo descalificamos de entrada?
Todo tiene “pros” y “contras”. Empecemos por algunos de los contras:
- Se cree que el Gobierno no paga o tarda mucho en pagar.
- Nos pueden penalizar o sancionar en un contrato con el Gobierno.
- Con frecuencia la obra pública termina con un presupuesto superior y con un tiempo mayor al originalmente planteado.
- Hay un prejuicio de que las ventas ya están “arregladas” o “definidas” con anticipación.
- Se parte de la premisa de que siempre hay actos de corrupción relacionados con este tipo de contrataciones.
Reiteramos entonces, ¿conviene analizar la conveniencia de intentar convertirnos en proveedores del Gobierno Mexicano o mejor lo descalificamos de entrada?
¿Qué ventaja tiene ser proveedor del Gobierno? El Gobierno puede ser un buen cliente que puede representar ventas significativas de nuestra empresa para catalizar nuestra rentabilidad. Un cliente que, como en cualquier industria, debemos conocer. Debemos conocer lo que quiere y cómo lo quiere y por último apegarnos a los requisitos y reglas del juego. Eso lo hacemos con cualquier buen cliente.
Los “contras” relacionados con temas de pagos, se contrarrestan con una buena planeación financiera, que contemple el capital de trabajo necesario para poder trabajar con este cliente, así como la identificación de posibles fuentes de financiamiento. Los “contras” relacionados con sanciones o penalizaciones durante la ejecución de nuestros trabajos, se contrarrestan con una buena combinación de nuestro profesionalismo con la asesoría sobre “las reglas del juego”, es decir, el apoyo en temas normativos durante la contratación, ejecución y cierre de un contrato con Gobierno. Los “contras” relacionados con los tiempos y presupuesto de la obra pública, regularmente no son imputables a los contratistas, si no a la falta de un proyecto ejecutivo completo por parte del Gobierno. Los “contras” relacionados con temas de corrupción dependen de nuestra ética empresarial.
Reiteramos entonces, ¿conviene analizar la conveniencia de intentar convertirnos en proveedores del Gobierno Mexicano o mejor lo descalificamos de entrada?