Como contratista o empresa constructora, llevar a cabo la ejecución de una obra para un particular siempre es un reto, indistintamente del tipo de obra de que se trate, desde elaborar un proyecto que contemple y satisfaga las necesidades de nuestro cliente, un proyecto que en muchos casos es modificado  de improviso durante la ejecución de la obra por el criterio o gusto de nuestro cliente e incluso por la modificación al presupuesto destinado para dicha obra, por lo cual siempre es una satisfacción llegar a la conclusión y entrega de la obra a nuestro cliente y por supuesto recibir el pago del importe pactado. ¿Pero ejecutar obra para el cliente denominado “Gobierno” es igualmente satisfactorio y rentable para un constructor? 

Entendamos como Obra Pública la construcción, ampliación o modificación de bienes inmuebles propiedad o administrados por el gobierno. Trabajar para el cliente “Gobierno” como contratista implica familiarizarse con términos como: dependencia, CompraNet, adjudicación directa, Invitación a cuando menos tres personas, junta de aclaraciones, licitante, MIA, amortización programada, área requirente, ejercicio presupuestal, contrato mixto, contrato a precio alzado, contrato sobre la base de precios unitarios, rescisión administrativa, terminación anticipada, sobrecosto, entre muchos otros términos. 

Asimismo, es importante conocer las leyes, reglamentos y normatividad aplicable a este rubro denominado “Obra Pública”, así como algunos aspectos normativos referentes al manejo de los recursos financieros de carácter público que rigen en los tres ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal. Pareciera entonces complicado trabajar una obra para el Gobierno, desde la adjudicación, contratación, ejecución y entrega de una obra, sin considerar las dificultades técnicas que por sí misma implica cada obra a ejecutarse, sin olvidar las vicisitudes para cobrar por nuestros trabajos. 

Entonces, volvemos a nuestra premisa original, ¿es realmente satisfactorio y rentable como constructor trabajar para el Gobierno? Durante décadas la Obra Pública ha sido un detonante de la economía nacional, tanto en el ámbito federal, como en el estatal y municipal, ya que la misma es una fuente de trabajo directo e indirecto; sin embargo, la obra pública también se ha visto inmersa en los supuestos de corrupción, desde obras adjudicadas por compadrazgos, obras sin control de calidad, desvío de recursos, sobreprecios hasta obras pagadas no ejecutadas.  

Hace algunas décadas, el Gobierno, a través de sus dependencias normativas y fiscalizadoras, emitió la legislación, las disposiciones, las políticas o estrategias, acciones o criterios de carácter general y procedimientos uniformes aplicables para la Administración Pública con el propósito de organizar, normar y coordinar el desarrollo administrativo integral de la obra pública. En consecuencia, la obra pública y servicios relacionados con las mismas se encuentran sistematizados y codificados principalmente en 5 procesos: 

1. Planeación, 
2. Adjudicación,  
3. Contratación,  
4. Ejecución, 
5. Finiquito y entrega de la obra.  

Cada uno de estos procesos se integran en subprocesos, los cuales se encuentran enmarcados en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y en el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Obra Pública. 

Los tiempos actuales obligan, ahora más que nunca, a que tanto los contratistas como los servidores públicos lleven a cabo los procedimientos inherentes a la obra pública bajo un estricto marco de legalidad, transparencia, eficacia y eficiencia, lo cual indudablemente debe reflejarse en obras públicas de calidad, ya que el escrutinio de la sociedad se encuentra presente en cada una de ellas. 

¿Complicado? Realmente no, lo único que se requiere son Contratistas, que por si mismos, o apoyados en un equipo externo, cumplan con los aspectos legales y administrativos que solicita el cliente “Gobierno”, y que cuenten con los conocimientos y capacidades técnicas para participar en un proceso de adjudicación y ejecución de una obra pública.  

La competencia entre constructores para conseguir un contrato con el Gobierno, por ende, debe resultar en una mejor propuesta técnica y económica en beneficio de los clientes reales: la ciudadanía. Pero para cerrar realmente el círculo de una contratación con beneficios palpables para ambas partes (Gobierno y Constructor), se requiere además que el Gobierno cuente con servidores públicos probos y capaces, esto es, con servidores públicos que conozcan todo el proceso normativo que implica la contratación de una Obra Pública y los conocimientos técnicos para verificar que la obra de infraestructura que se ejecuta cumpla con los estándares de calidad requeridos, los costos económicos pactados y que la obra realmente satisfaga las necesidades de la población.  

En un mundo perfecto, que sencillo y fácil resultaría, por un lado, un Gobierno que conoce claramente las obras de infraestructura que se necesitan, tanto nuevas como aquellas que requieren de mantenimiento. Que las dependencias de gobierno cuenten con un expediente técnico por cada obra en el cual se incluyen los estudios, proyecto ejecutivo, los precios de mercado de los materiales y equipos de instalación permanente que se requiere en cada obra, presupuestos de obra o de servicio autorizados previo a la ejecución de las obras, el listado de conceptos de trabajo o actividades, unidades de medida, cantidades de trabajo y sus precios. 

Por otro lado, constructores en constante competencia entre ellos para ofrecer las mejores ofertas técnicas y económicas, constructores conscientes del beneficio que conlleva el conocer y dar cumplimiento a los marcos legales y administrativos que enmarcan la obra pública, ejecutando obras públicas de calidad en los tiempos pactados y con el pago justo de los trabajos ejecutados, dando como resultado obras de infraestructura que cumplen con los objetivos para las cuales fueron diseñadas, obras ejecutadas en tiempo y forma, obras que realmente dan fe de que no existe favoritismo y que se adjudicó a la constructora que realmente ofrecía las mejores opciones técnicas y económicas para el proyecto. 

Claro que en medio de este proceso se encuentra un servidor público honesto, íntegro y capaz, que sólo cumplió con su trabajo, con las funciones encomendadas a su cargo, un servidor público que vive en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley le señala.Una utopía, un sueño porque los procesos de adjudicación, contratación y ejecución de la obra pública que se realiza en México adolecen de muchas cosas, situaciones que implican que muchos constructores no quieran perder tiempo, dinero y esfuerzo y por consecuencia no les interese ser contratistasdel gobierno. 

La obra pública en México sigue presentando muchas áreas de oportunidad, desde la planeación e integración de los expedientes técnicos, hasta la contratación, la ejecución y el finiquito de las obras. Debemos tener como meta evitar obras que no cumplen con los estándares de calidad, evitar presentar y autorizar estimaciones con trabajos inexistentes o con precios arriba de los pactados, evitar justificaciones de constructoras que no cumplieron con los tiempos establecidos, entrega de obras inconclusas, obras que en muchas ocasiones no satisfacen las necesidades de la población, obras de infraestructura que sobrepasan los presupuestos autorizados, en fin, al día de hoy en México aún no se tiene el mundo perfecto en cuanto a la Obra Pública se refiere. 

México tiene leyes y manuales que prácticamente detallan los procesos completos de la Obra Pública, desde su planeación, adjudicación, contratación, ejecución y finiquito; ¿entonces porque no es factible que realmente se tengan mejores condicionesy resultados en la obra pública? Porque la obra pública debe ser como el engranaje de un reloj, cada una de sus partes debe trabajar exactamente en lo que le atañe, el Gobierno debe conocer clara y perfectamente las necesidades de infraestructura que requiere la población, integrar previo a la contratación del constructor de la obra, el expediente técnico de la misma, contar con el proyecto ejecutivo, los estudios y permisos necesarios, los recursos destinados para su ejecución; por su parte, el contratista debe esforzarse en presentar una propuesta técnica y económica real, ejecutando una obra pública pensando que está construyendo su propia casa, utilizando los mejores materiales, destinando la mejor mano de obra capacitada, presentando estimaciones con costos reales. 

Para la obra pública en México, el gobierno debiera destinar servidores públicos comprometidos con su trabajo, servidores públicos que realmente elegirán al contratista que representa la mejor opción en tiempo, economía y ejecución de la obra, que autorizarán estimaciones de trabajos realmente ejecutados y con costos reales, porque están segurosque la contratista entregará una obra de infraestructura que redundará en beneficio de la población. Esto es lo que se espera de la obra pública en México. 

Ahora, retomaría mi premisa ¿es realmente satisfactorio y rentable como constructor trabajar para el Gobierno? Como contratista respondería SI,porque:a) saber que mi propuesta compitió contra “N” número de ofertas, y fue elegida como la mejor, es indudable que sería una satisfacción; b)ejecutar mi obra en el tiempo pactado y c) recibir el pago de un trabajo bien ejecutado, caramba, claro que es un trabajo rentable en todos sentidos, y por consiguiente me seguiré esmerando en ser Constructor para el Gobierno.